Minuta acerca del Consenso Fundamental y la Responsabilidad en la Gestión Pública

Por Rolando De Martino

El Presidente Alfonsín dijo que “con la democracia se come, se educa y se cura”. Puede entenderse entonces que en aquellas sociedades en donde se construye una “vida democrática” existe un piso de necesidades -que son individuales, personales y humanas a la vez- que, producto de un consenso, son satisfechas en forma asegurada para todas las personas que la integran, de manera mancomunada y solidaria, porque son percibidas por las sociedades y las personas que las componen como condiciones de reproducción de su misma manera de vivir, de organizarse, de pensarse y hasta de sentirse.

Esta percepción nos obliga a pensar si el concepto de Democracia es un todo monolítico -que puede adoptarse, plantarse o trasplantarse- ó un concepto que se construye y reconstruye así mismo, en sociedad y con la interacción de los individuos. En este sentido, adhiero a la segunda acepción y considero que cada pueblo construye “su” democracia al “uso” suyo, porque considero que además de ayudarnos a elegir a nuestras autoridades y a organizarnos, representa la visión de Estado – Nación de su pueblo.

Ampliando la visión, cuánto nos hace pensar la Dra. Serrano cuando en su interpretación del Preámbulo de nuestra Constitución refiere: “Si en una comunidad quiere hablarse de Democracia, debe darse en ella un “consenso fundamental o mínimo” , que admite el desacuerdo sobre cualquier punto, pero no sobre aquellos que impliquen la ruptura de esa comunidad” (1).

Otro aporte a esta visión nos hace la Carta Democrática Interamericana de la OEA (CDI) cuando pensando en este “consenso fundamental”, en sus considerandos, prescribe su idea de Estado democrático y describe cuáles son las características y principios que no puede dejar de tener para alcanzar a serlo. Entre ellos encontramos la “responsabilidad en la gestión pública”, detengamos aquí por un momento.

Reflexionando: cuando pensamos en “Responsabilidad” como sustantivo nos imaginamos el “cumplimiento de las obligaciones o cuidado al hacer o decir algo”, la “obligación de responder ante ciertos actos y sus consecuencias”. Pero en los actos de los Gobiernos democráticos esta “Responsabilidad” va mucho más allá, y así lo expresa la CDI cuando usa esta palabra como adjetivo y la emparenta con “Probidad”. Se supone que un Gobierno democrático debe cumplir con sus obligaciones de gestión pública con honestidad, integridad y rectitud en su comportamiento; que hará partícipes a los ciudadanos de sus decisiones antes, durante y después de tomadas porque siempre tendrá la dignidad de saberse perfectible y no permitirá nunca privar a quienes gobierna de acercarse a ese ideal de perfección, que funciona como meta pero que reconocerá como camino a recorrer; será transparente, para permitir que no lo dejen equivocar, y cuando se equivoque tendrá la decencia de responder por sus errores (2).

Creo que este tipo de temáticas merecen que nos sentemos a pensar, ya que, a la postre, son las que determinan el éxito o fracaso de las Políticas Públicas; y el “éxito” en materia de política publica se traduce en desarrollo y “desarrollo”, en la acepción aquí referida, implica como mínimo el respeto a ese “consenso fundamental” que la sociedad se impuso; y como máximo -y considérese como el objetivo- la traducción de las bondades de la vida democrática en la efectiva mejora -por la extensión del “consenso fundamental“- de la calidad de vida de los ciudadanos que la integran.

1 Serrano, María Cristina: “Un Proyecto Sugestivo de Vida en Común”, Revista Estrada, 1982.
2 De Martino, Rolando. Quién es quién en la política sudamericana. En Controlando al Leviathan, n° 7 septiembre de 2008.